El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social que introduce importantes reformas en el marco normativo de las empresas de inserción. Esta nueva norma refuerza la definición de los colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social, ampliando la protección a personas en situación de especial precariedad, como las personas sin hogar que, a pesar de tener empleo, no cuentan con ingresos suficientes. Con ello, se pretende garantizar un mayor impacto social de las empresas de inserción, permitiendo la inclusión de más personas en sus procesos de formación y empleo
Además, el Anteproyecto clarifica quién y qué requisitos se necesitan para ser entidad promotora y actualiza la tipología de las empresas de inserción y otras entidades del ámbito de la Economía Social, proporcionando un marco más claro para su desarrollo y crecimiento. Estas reformas buscan consolidar el papel de las empresas de inserción como un motor fundamental para la creación de empleo inclusivo, especialmente en sectores emergentes y con impacto social, como el medio ambiente o la transición energética.