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El concepto de economía social aparece en las postrimerías del siglo XVIII a través del nacimiento de las primeras cooperativas, asociaciones y mutualidades, caracterizadas fundamentalmente por satisfacer necesidades o aspiraciones de sus miembros. La “economía social”, como concepto económico no aparece sin embargo hasta el primer tercio del siglo XIX. Con esta expresión se ha querido identificar una forma diferente de emprendimiento, caracterizada por una serie de notas que la distinguen de las empresas públicas y de las empresas mercantiles. Esa forma diferente de hacer empresa es la que caracteriza inicialmente a las cooperativas, mutualidades y ciertas asociaciones.

Estas entidades tienen en común su finalidad, que no es lucrativa sino de servicio a sus socios y a la colectividad, y ciertas pautas de comportamiento como son el libre y voluntario acceso a la condición de socio; la gestión democrática de la empresa; la doble condición en sus socios de consumidores o proveedores y propietarios de los medios de producción; la igualdad de derechos y obligaciones de aquellos; el destino de los excedentes al crecimiento de la empresa o a mejorar los servicios a los socios, y por último, la contribución al desarrollo de las comunidades en las que se ubican. Todas estas notas, destacadas en la Carta de la Economía Social suscrita en 1982 por los representantes de las asociaciones, mutualidades y asociaciones francesas, son comunes a las empresas de economía social y a la vez diferenciales de otras formas jurídicas de organización empresarial.

Con el tiempo, el concepto de economía evolucionó para incorporar también a las fundaciones, a pesar de que algunas de las notas comunes no son de aplicación a este tipo de entidades, ya que la fundación no tiene por sí misma una base asociativa, sino que se constituye como un patrimonio dotado de personalidad jurídica.

A finales del siglo XX este concepto de economía social adquiere reconocimiento a nivel europeo a través de la Sociedad Cooperativa Europea. Será la Carta de Principios de Economía Social de 2002, de la Conferencia Europea de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones la que establecerá a nivel europeo los principios que, desde entonces, regirán la economía social, y que propiciaron el nacimiento de la Asociación Europea de Economía Social- Social Economy Europe.

Los principios en cuestión son:

Primacía de la persona y del objetivo social por encima del capital;
Adhesión voluntaria y abierta;
Control democrático ejercido por sus miembros (no afecta a las fundaciones, puesto que no tienen socios);
Combinación de los intereses de los miembros usuarios y/o del interés general;
Defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad;
Autonomía de gestión e independencia respecto de los poderes públicos;
Utilización de la mayoría de los excedentes para la consecución de objetivos a favor del desarrollo sostenible, los servicios de interés para los miembros y el interés general.

Estos principios también se recogen en nuestro ordenamiento a través de la Ley 5/2011, de 29 de Marzo, de Economía Social, instrumento legal que supuso el reconocimiento, a nivel estatal, de la actividad desarrollada por miles de entidades que buscan satisfacer las necesidades de sus socios, creando a su vez riqueza y empleo, siendo los objetivos principales de esta Ley dar reconocimiento legal a la economía social y promover su fomento, perfeccionando el trabajo desarrollado, desde 1990, por el Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social.

Tal es la importancia que se le confiere desde el Estado a la economía social, que se establece como título competencial para aprobar la Ley el artículo 149.1.13 de la Constitución, que otorga la competencia exclusiva al Estado para establecer las “bases y coordinación de la planificación de la actividad económica”, reconociendo la importancia de este sector de la economía y aportando los cimientos sobre los que, en años posteriores, se ha venido desarrollando una mayor protección y fomento de este tipo de entidades y ampliando las fórmulas legales reconocidas para ejercer actividades de economía social, reconociendo en su artículo 5 un extenso registro de entidades que configuran el amplio espectro de la economía social: cooperativas, mutualidades, fundaciones, asociaciones que lleven a cabo actividad económica, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores, sociedades agrarias de transformación y entidades singulares creadas por normas específicas, y otro tipo de entes cuando realicen actividad económica y empresarial y se rijan por los principios que definen la economía social.

Todas estas entidades tienen una serie de notas comunes, que suponen el desarrollo de los principios de la economía social antes vistos:

1º La primacía de las personas y del fin social sobre el capital se concreta en gestión autónoma y transparente, que lleva a priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del fin social, que en relación a sus aportaciones al capital social.

2º La aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad.

3º La promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo digno, estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad. La economía social se constituye como una respuesta eficaz al desempleo, en un medio para acceder al mercado de trabajo y, por ende, en un factor de creación de empleo y riqueza, así como de promoción del desarrollo de las capacidades creativas de proyectos vinculados al mundo del trabajo. En este sentido, la Estrategia Española de la Economía Social 2017-2020 se ha incorporado como una de las denominadas “políticas palanca”, indispensable para el éxito del “Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030, hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible”.

La economía social adquiere por tanto una especial reconocimiento y relevancia por su importancia, ya que aúna a la vez creación de empleo y riqueza, sin olvidar la labor social que desarrollan las asociaciones, fundaciones y otras entidades de ayuda a los más necesitados allí donde las Administraciones no pueden llegar.